BOLETÍN DE PRENSA - CIDHPDA

NECESARIO QUE EXISTA DESISTIMIENTO POR PARTE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN EL CASO VALLARTA.

LAMENTABLE LA OMISIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS (CNDH) EN EL CASO VALLARTA.

29 DE AGOSTO DE 2022

La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHDPA) en voz de su Comisionado para América Latina y el Caribe, Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez resaltó la importancia del Documental de Netflix: “El caso Cassez Vallarta: una novela criminal”, donde lamentablemente la justicia mexicana, mediante un montaje, violentó a todas luces los DERECHOS HUMANOS.

Gutiérrez Yáñez señaló que es necesario llamar a cuentas al ex-Presidente FELIPE CALDERÓN por la omisión de que consideró un proceso judicial como capricho político y resaltó que el daño al proyecto de vida en contra de Israel Vallarta ha causado daños irreparables a él y a su familia, por lo que se exige la libertad inmediata.

En 2005 durante el noticiario matutino conducido por Carlos Loret de Mola, se transmitió un operativo en el cual se arrestó a dos personas, la francesa Florece Cassez y el mexicano Israel Vallarta, quienes presuntamente lideraban un grupo de secuestradores denominado El Zodiaco, hecho que fue desmentido tiempo después por las autoridades federales, quienes reconocieron que dicha detención había sido un montaje por parte de los medios de comunicación, ya que ambos fueron detenidos y torturados horas antes .

La serie narra el montaje operativo donde detuvieron a Casses y Vallarta en el rancho Las Cochinitas, en el que se vieron involucrados empresarios, políticos y periodistas, incluidos los ex presidentes de México y Francia, Felipe Calderón y Nicolas Sarkozy. Aunque varios de los integrantes han demostrado su inocencia en Tribunales, actualmente 3 de los implicados (Mario, Sergio e Israel) continúan privados de su libertad, sin recibir sentencia y en prisión preventiva.

Dicho suceso pone de relieve los casos donde se culpa de delitos a personas inocentes, en ocasiones por oponerse a megaproyectos, defender derechos, territorio, medio ambiente, por estorbar a un político o solo el ser pobres y no contar con padrinos que les protegieran de un sistema judicial y carcelario, no sólo corrupto e inepto, sino profundamente racista y clasista.

A pesar de la Ley de Amnistía publicada el 22 de abril de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, los delitos graves como homicidio, secuestro, extorsión, entre otros, tienen penalidades más altas y la amnistía no aplica para casos que atenten contra la vida, la integridad o la libertad, aun cuando se les acredite irregularidades durante el proceso. Y precisamente son estos delitos los que se les fabrican, a los injustamente presos.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2021 (ENPOL 2021) “de las personas privadas de su libertad 44% reportó estar en prisión por haber sido acusada falsamente de un delito. De estas personas 43% reportó haber sido detenida sin una orden de aprehensión. Además, de las personas presas que sí fueron interrogadas (ya que no todas fueron interrogadas), 42% fue golpeada para echarse la culpa de lo que lo acusaban y 34% fue engañado. Por otro lado, de las personas en prisión que no tenían sentencia, 24% pasó más de dos años en lo que se les dictaba una sentencia. Por último, es importante señalar que de las personas en prisión sólo 25% de la población con una sentencia tuvo un asesor (abogado) privado.”[1]

Así mismo, la Organización Impunidad Cero en los resultados del índice estatal de desempeño de procuradurías y fiscalías 2021 resaltó que el 99% de los delitos quedan en impunidad y de acuerdo con el análisis de México Evalúa, las causas radican en que las defensorías públicas y las Comisiones Ejecutivas de Atención a Víctimas (CEAV) carecen de apoyo y recursos para desarrollar investigaciones o análisis periciales propios, lo que hace que se abran menos investigaciones, aunado a un incremento de la prisión preventiva oficiosa en un 21%, así como de los procedimientos abreviados en un 16%.

Ante el caso Cassez - Vallarta, el Comisionado para América Latina y el Caribe puntualizó que es lamentable la actuación de la COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS (CNDH) al NO involucrarse en un caso donde su obligación Constitucional es defender los Derechos Humanos de todas y todos los mexicanos.

Así mismo, recalcó que en prisiones mexicanas existen muchos encarcelados injustamente, por lo que es necesario crear una Comisión de Revisión de Procesos y encontrar la forma de garantizar una justicia efectiva y congruente a la realidad que vive el país.

[1] INEGI. Encuesta Nacional de Personas privadas de su libertad, 2021.